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En 2012, el entonces comisionado David Stern declaró en una audiencia judicial que las apuestas deportivas “podrían dañar irreparablemente la relación de la NBA con sus fanáticos”. Lo dijo cuando Nueva Jersey intentaba desafiar la prohibición federal y abrir sus propios casinos deportivos. Trece años después, con la legalización extendida a 38 estados y múltiples jugadores implicados en esquemas ilegales, sus palabras suenan más como una advertencia que como una posición moral. Como detalla Joe Vadon en The Athletic, aquella oposición fue la última resistencia institucional antes de un giro histórico.

Ese giro llegó en 2014. Recién asumido, Adam Silver publicó una columna en The New York Times que cambió el paradigma: “Necesitamos un enfoque diferente”, escribió. Propuso legalizar las apuestas bajo un marco federal estricto, con monitoreo, educación y límites geográficos. Silver argumentó que la práctica ya existía de manera informal y que era mejor regularla que ignorarla. Para 2015, el propio Stern —ya retirado— se sumó al cambio de discurso y defendió públicamente la idea de que apostar era “aceptable si se hacía con reglas claras”.

El punto de quiebre llegó el 14 de mayo de 2018, cuando la Corte Suprema de EE. UU. anuló la ley que prohibía las apuestas a nivel nacional. A partir de entonces, la NBA dejó de litigar contra el juego para empezar a lucrar con él. En julio de ese mismo año firmó un acuerdo con MGM Resorts International, su primer socio oficial en el rubro, que le dio acceso a un nuevo mercado multimillonario. Con el tiempo, llegaron contratos con FanDuel, DraftKings y otras plataformas, mientras los equipos cerraban acuerdos individuales con casas de apuestas y casinos.

Pero el boom trajo consecuencias. En 2024, el caso Jontay Porter expuso el riesgo más temido: un jugador manipulado por las apuestas. Porter fue expulsado por filtrar información sobre su salud y retirarse de un partido para beneficiar una jugada de mercado. “No hay nada más importante que proteger la integridad de la competencia”, declaró Silver al anunciar la sanción. Ese episodio obligó a la liga a implementar la “Porter Rule”, que prohibió las apuestas sobre jugadores con contratos temporales, pero también reveló cuán entrelazada estaba la NBA con el sistema que debía controlar.

El año siguiente terminó de destapar la olla. En octubre de 2025, el FBI imputó a Terry Rozier, Chauncey Billups y Damon Jones por participar en esquemas ilegales de apuestas y manipulación de resultados. Rozier, curiosamente, ya había sido investigado y exonerado por la propia liga meses antes. Billups, exjugador y entrenador de Portland, quedó suspendido de su cargo mientras enfrenta cargos federales. La NBA reaccionó colocando a ambos en licencia y asegurando “tomar las acusaciones con la máxima seriedad”.

Hoy, el círculo se cierra. Lo que Stern llamó una amenaza terminó siendo parte del negocio central de la liga. Las apuestas se volvieron una fuente de ingresos, un canal de marketing y una trampa reputacional. Entre la regulación y la complicidad, la NBA atraviesa el dilema que su excomisionado anticipó con precisión: el día en que el dinero del juego terminaría jugando dentro de la cancha.