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Este lunes 24 de agosto la Asociación de Clubes emitió un comunicado sin demasiado texto que incluía muchas noticias importantes. Por un lado, oficializaba lo que se venía rumoreando en el ambiente sobre el inicio de la temporada de la Liga A en noviembre (si el gobierno aprueba su protocolo de seguridad sanitario), y también anunciaba el desarrollo de la Liga Argentina de enero a julio de 2021. 

Sin embargo, otros puntos importantes formaba parte del mismo comunicado, y tuvieron menos impacto: los nuevos cambios reglamentarios, sobre todo el libre deuda para extranjeros y el control presupuestario. ¿Qué implican ambas nuevas reglas?

La de los extranjeros era algo que la Liga le adeudaba a una parte importante de su faz deportiva. Los foráneos siempre corrieron en desventaja ante los incumplimientos económicos y para hacer valer sus derechos solo podían acudir al BAT de FIBA, con un costo inicial importante. Esta nueva regla pretende evitar que se den casos como los de San Lorenzo y Ferro en los últimos tiempos, en los que la Liga dañó su imagen, según argumentan desde la AdC. 

Lo más trascendente, sin embargo, es el tema del control presupuestario. ¿Qué es esto? Podría sintetizarse en dos puntos: blanquear la parte económica salarial y controlar que los clubes emprolijen sus cuentas, informando cómo cubren sus presupuestos y el origen de los fondos. 

Lo del blanqueo de la parte salarial está bastante claro. Pretenden que deje de haber dos contratos paralelos entre clubes y jugadores, donde uno es el que se presenta en la AdC por un valor que entra dentro de los límites del monotributo y el otro es el real, que en muchos casos superar ese límite, pero por el que nadie paga impuestos. Tan simple como eso. 

La idea es que de ahora en más todos los contratos sean en blanco, que haya uno solo, que pague los impuestos que deba pagar y que, si salta una anormalidad, se castigue a las partes involucradas: club, jugador y agente, que deberá firmar el contrato también. Los clubes dicen estar de acuerdo en general con esta norma, que va a traer cola, evidentemente. 

Porque si no se respeta, cualquier impago que ocurra, como hubo varios en este receso, hará saltar la anomalía con el registrado en la AdC, ya que justamente esos fueron todos abonados para poder presentar el libre deuda, salvo una excepción en Estudiantes de Concordia. De hecho, desde la AdC amenazan con rechazar cualquier contrato que ya se haya firmado con los viejos malos hábitos si son sospechosos de no mostrar la verdad. 

Lo del control presupuestario suena más complicado de implementar. Habrá auditorías para que la organización tenga un conocimiento pleno de todo lo que mueve el básquet. Lo argumentan desde el lado de controlar que no haya dinero del narcotráfico en el deporte, como una especie de protección legal, y de data más clara de cómo y de dónde se recauda el dinero para solventar la competencia. En la reunión de clubes, la mayoría estuvo a favor de esto. 

Nadie que busque la sanidad de la competencia puede estar en contra de que se blanquee la economía de la Liga. Con un país con el 40% de su trabajo informal, parece una aspiración difícil de llevar a cabo, pero es para apoyar. Lo del control presupuestario puede generar choques con clubes que no tengan intenciones de abrir sus puertas tan generosamente como para que todos sepan cómo recauda su dinero.

Si todos están de acuerdo, bienvenido sea. Puede ser un buen primer paso para profesionalizar una actividad cuya principal falencia en 35 años de Liga ha sido mostrarse en general organizada como club de barrio manejando cifras de ligas súper profesionales. Una ecuación donde hay pocas posibilidades de éxito. 

La semana que viene se espera poder avanzar con lo más urgente, que es la habilitación para poder comenzar a entrenarse en setiembre y jugar en noviembre. El protocolo para las prácticas ya está terminado y falta finalizar el de las burbujas, pero se estima que en los próximos días estará listo.